Porfiriato

Desde fines del decenio de los setenta la minería mexicana
inició un acelerado ritmo de crecimiento y junto con el
sector agropecu ar io continuó siendo el eje de la actividad
económica. Ello obedeció a la consolidación de la paz
interna, al desarrollo de las comunicaciones ferroviarias y
marítim as, al impulso y fomento de las inversiones extranjeras,
a la introducción de técnicas más avanzadas de explotación
(en 1893 se efectúa la primera instalación eléctrica
para maq uinaria minera en el yacimiento de Santa Ana, en
San Luis Potosí, y en 1877 se introd uce el aire comprimido
para la perfo raci ón mecánica)3 y a una legislación que al
favorecer al capital, permitía la obtención de grandes utilidades.
Cabe señalar que el desarrollo y distribución de las
líneas férreas respondió en gran medida a la ubicación de los
más -importantes centros mineros del país, lo cual constituyó
un factor determinante de la expansión y orientación del
sector m in ero (de las 44 1 íneas ferroviarias registradas en
1908, los embarques mineros ocupaban 21).4
Las antiguas Ordenanzas de Minería y diversas legislaciones
estatales rigieron la minería mexicana hasta 1884. En ese
año se expidió el primer Código Nacional Minero, que
unificó las anteriores legislaciones e introdujo cambios muy
significativos. Así por ejemplo, en dicho Código se dieron
mayores libertades para la ex plotación de los minerales por
medio, fundamentalmente, de declarar al poseedor de la
superficie minera como propietario también del carbón de
piedra, del petróleo, de las rocas de construcción, de la sal
gema, de los depósitos de metales no preciosos y otras
sustancias que se encontraran en la mina. Esto es, se
establecía la propiedad privada y la libre explotación del
subsuelo bajo la única condición de trabajar y explotar las
minas. Asimismo, se señalaba que los impuestos locales y
directos a los productos mineros no deberían exceder de 2%.
Este régimen promovió enormemente la producción de
minerales.

Esta situación se torna aún más favorable para los empresarios
cuando en 1887 se dictan una serie de facilidades de
diverso orden, entre las que se encontraban la exención de
todo impuesto (excepto el del timbre) a las minas de carbón,
petróleo, hierro y azogue, y se autorizan franquicias especiales
y amplias concesiones a las empresas que garanti zaran
inversiones en la actividad. Si bien todas las medidas de
fomento instrumentadas favorecieron a los inversionistas en
general, quienes más las aprovecharon fueron los capitalistas
foráneos. Ello obedeció, entre otros factores, a la capacidad
financiera y tecnológica superior de esos empresarios, a la
carencia y desinterés de los inversionistas nacionales, en
cierta forma a la preocupación por fomentar el ingreso de
esa clase de capitales y al atractivo que significaba producir a
bajo costo y exportar a un mercado mundial ávido de esos
minerales.
Con el fin de estimular aún más la actividad, se promulgó
en 1892 una Ley Minera que establecía, de hecho, que los
dueños de las minas eran libres de explotar sus concesiones
como conviniera a sus intereses y que só lo la falta del pago
de impuestos era motivo para cancelarlas. En 1909 entró en
vigor una nueva Ley Minera que se empezó a a pi icar en 1910
y que estuvo vigente hasta 1926. Dicha legislac ión no
provocó cambios sustanciales en la actividad.
Las regu laciones legales de 1884 y 1892 fueron especialmente
atractivas para los empresarios extranjeros, quienes,
aprovechando las facilidades que se les presentaban, incrementaron
sus inversiones, estab lecieron nuevas empresas mineras,
iniciaron la instalación de fundiciones y comenzaron a
desarrollar a una esca la mayor la explotación de minerales
industriales (en 1897, del total de inversiones en el sector
minero, 26.5% correspondía a la explotación de estos minerales
y 73.5% a la de metales preciosos) .5
De 1898 a 191 O los yacimientos mineros registrados
crecieron rápidamente, al pasar de 8 496 en el primer año a
30 999 en el último. Sin embargo, mientras que en 1898
sólo funcionaba 19.9% de las minas registradas, en 1907 la
cifra descendió a 3%.6 Esta situación da una idea del
acaparamiento de fondos con fines especulativos, desde su
compraventa indiscriminada hasta su conservación improductiva
para ponerlas en operación cuando se presentase la
ocasión de maximizar ganancias. La producción de metales
industriales no ferrosos, por su parte, pasó de 45 343 ton en
1891 a 174423 ton en 1910 (284.7% de incremento).
De 1890 a 1910 se realizan las más importantes inversiones
extranjeras, al tiempo que los grandes consorcios foráneos
comienzan a consolidarse y a orientar la producción
conforme a sus intereses. Así, en 1885 se funda la compañía
francesa El Boleo, en Santa Rosal ía, Baja Ca liforni a, con una
concesión de 20 870 ha. En 1888 la American Smelting and
Refining Company (ASA RCO) funda la Greene Copper Co.,
en Cananea, Sonora; en 1891 construye en Monterrey una
planta fundidora y otra, en 1895, para tratamiento de
minerales de cobre y de plomo en Aguascalientes. En 1897
la Phelps Dodge adquiere los depósitos cupríferos de Pilares,
en Nacozari, Sonora; en 1905 la American Smelters Securities adquiere la mina La Velardeña Mining
and Smelting Company en Durango; en 1906 la ASARCO
inicia la construcción de una fundidora en Avalos, Chihuahua,
en 1909 adquiere la fundición de Matehuala, S.L.P., y
arrienda una mina en Angangueo, Michoacán, y en 1911
compra la mina Tiro General, en Charcas, S.L.P.7
La penetración del capital foráneo y la centralización del
capital ya existente se ejemplifican claramente con los
sigu ientes datos: en 1908 existían 1 030 compañías mineras
con una inversión conjunta de 363 millones de pesos oro.
Del total de empresas, 840 eran estadounidenses (en 1868
sólo existían 13), con una participación de 68.9% del capital
total invertido; 148, de mexicanos, con 7.7% de lo invertido;
40 inglesas, con 20 .1 %, y dos francesas, con 3.3% de la
inversión total (véase el cuadro 1 ). Es importante señalar que
la reducida participación de mexicanos en la inversión -a
pesar de contar con 14.4% de los establecimientos registrados-
denota que dichas empresas eran de pequeña magnitud,
pues el promedio de inversión para cada una era de 189 190
pesos oro, en tanto que el de las estadounidenses, inglesas y
francesas era de 297 600, 1 825 000 y 6 000 000 de pesos,
respectivamente.